Roxana Jiménez León

Actual presidenta del Concejo Municipal de La Guardia y de origen quechua, postula a una concejalía. Fue proclamada inicialmente candidata a la Alcaldía de este municipio de Santa Cruz; sin embargo, conflictos internos dentro de su organización política la llevaron a desistir de esa postulación. La Guardia registra un antecedente limitado de liderazgo femenino

Marina Sanchéz fue proclamada candidata a la Alcaldía de La Guardia. Se hubiese convertido en la primera mujer de pollera en ingresar a esta contienda electoral de este municipio cruceño. Comenzó su carrera política como dirigenta zonal en 2015, cuando tenía 41 años y no porque quería poder, sino porque no había agua ni luz en su barrio. 

“Yo era muy reservada, no me gustaba meterme en esas cosas. Pero fue la necesidad y la obligación”, dice ahora, a sus 51 años, convertida en la presidenta del Concejo Municipal de La Guardia, municipio ubicado a 20 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. 

Las “cosas” a las que se refiere eran la política, los micrófonos, las sesiones municipales, pero también los insultos por ser autoridad mujer. 

Nacida en Cochabamba, en el seno de una familia quechua, llegó a La Guardia a sus 15 años, con el cuerpo todavía liviano y una vida que aún no sabía que iba a cargar siete hijos. El mismo número, pero de años, fue dirigenta de su barrio. En sus gestiones fundó dos barrios y dos colegios; fue parte del directorio de Áridos en la década de los 90 del siglo pasado y creó una organización de madres solteras libres de violencia. Hizo toda esa labor sin un cargo público, sin sueldo, sin aplausos.

“Tengo la mentalidad de ser bien positiva. Yo digo: quiero esto y lo consigo”, afirma. 

De ese modo, fue electa concejala en las elecciones subnacionales de 2021 por el Movimiento al Socialismo (MAS); se convirtió en una de las cinco mujeres que llegaron al Concejo Municipal aquel año.

Su paso por el Concejo y la violencia política

Su ingreso al MAS estuvo marcado por la violencia de sus propias compañeras y dirigentes de sectores sociales. Debido a su labor de fiscalización como concejala, sufrió agresiones físicas, psicológicas, persecución y acoso de integrantes de su partido. La situación escaló en enero de 2022, cuando denunció ante una asamblea de pobladores y autoridades ineficiencia del alcalde de La Guardia, Rufino Correa, también del MAS. La discusión derivó en agresiones que le provocaron la dislocación del hombro izquierdo.

Ante los hechos, realizó dos denuncias: una en el Ministerio de Justicia y otra en la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol). En esta última le asignaron abogados para continuar el proceso, sin embargo, este no llegó al Tribunal Electoral Departamental (TED), instancia encargada de recibir las denuncias, ni a la Fiscalía.

“Hay pruebas de agresiones gravísimas. Hasta ahora no puedo cargar peso y sostener mi cartera, porque se me descoloca el hombro. (…) Recibí respuesta de la Acobol, pero dentro de la alcaldía no obtengo respuestas. No sé quién debería hacer conocer estos hechos”, explica en su oficina del Concejo.  

Según la Ley Contra el Acoso y la Violencia Política, es responsabilidad de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) recibir las denuncias y conocer estos hechos en el ámbito municipal, tal como establece el artículo 15 de esta norma. 

En la oficina de la directora de Género, Lourdes Maturano, que dirige el SLIM de La Guardia, no se ha registrado ninguna denuncia de esta índole. Allí, dice la funcionaria, solo atienden a mujeres, niños y adultos mayores en situación de vulnerabilidad. 

Ante las constantes agresiones, Sánchez dejó de ir a las reuniones de su partido con diferentes sectores sociales y dirigentes de barrio, afines al MAS.  “No tenía garantías de que saldría con vida”, dice. 

Por ese motivo, su partido emitió un voto resolutivo en el que la desconocía, la expulsaba de sus filas e intentaba quitarle el curul.

“Yo fui una autoridad electa, ellos no me podían hacer eso”, narra. 

Si bien no pudieron sacarla del cargo, comenzaron a cercarla, limitando su acceso a derechos, como la posibilidad de contar con un asesor externo. La concejala temía cometer errores legales o incumplir deberes, pero no recibía la ayuda que solicitaba frente a una maquinaria política que sabía exactamente qué palancas mover.

“Mientras yo estoy calladita, para ellos soy bonita”, dice. 

A partir de ello, el conflicto escaló y dejó de ser solo un desacuerdo o una tensión política, para convertirse en una disputa que Sánchez decidió enfrentar. Pero el acoso y la violencia política no pararon. 

Fabiola Rojas, activista por los derechos humanos de niñas y mujeres, menciona una de las grandes deudas del Estado: las garantías reales para que las mujeres puedan ejercer un cargo sin presiones, sin abuso, sin violencia. Explica que, de las 348 denuncias registradas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hasta 2024, apenas cuatro han derivado en sentencias judiciales. Por este motivo, otras se ven obligadas a no denunciar, no continuar con el proceso o incluso renunciar a su cargo.

“Muchas concejalas renuncian bajo un sistema de presiones que no siempre deja marcas visibles, pero que golpean en la dignidad, la intimidad y la vida privada. Llegan con amenazas, hostigamientos, acuerdos que prometen consenso y esconden trampas, como la llamada gestión compartida. Y ahora, el ciberacoso”, afirma Rojas. 

En muchos casos el acoso se realiza desde plataformas virtuales como las redes sociales.   Así ocurrió con la concejala Sánchez.

En sus redes sociales se registran diferentes insultos dirigidos a la concejala, como “pobre abuela”, “es una cualquiera, no es profesional” o “masista chupamedias”, expresiones lanzadas con la impunidad de quien no enfrenta a la víctima directamente.

La pollera y su identidad

Mientras habla, Marina Sánchez recorre con la mano su pollera, que es una prenda que marca su identidad quechua. Nunca dejó de usarla y tampoco piensa abandonarla. “Primero muerta”, dice. 

Ella confecciona sus propias polleras. Es la única de las tres hermanas que sigue usándolas. Sus hijos le piden que se ponga un vestido, porque se vería bonita. Pero para ella ese tema no se negocia. No es un detalle folclórico ni una provocación; es una elección persistente. Pareciera que la pollera le da un poder extraño, silencioso: el de incomodar, el de recordar que el cuerpo también es una posición política, y que hay identidades que no piden permiso para estar. 

Con esa misma pollera llegaba al colegio a recoger a sus hijos, como quien no quiere llamar la atención. “Gestionó el tinglado, los baños y la cancha del colegio”, dice Leydy Jiménez, la vecina que también deja allí a sus hijos cada mañana.

Su salto a la candidatura por la Alcaldía

Pese a todo el acoso, Marina Sánchez sigue firme en la arena política. El 6 de diciembre, en una asamblea sellada con acta y por unanimidad, fue proclamada candidata a alcaldesa para las subnacionales de 2026 por el Partido Demócrata Cristiano. Esta vez la noticia no la sorprendió. En la elección pasada también la habían propuesto para el sillón ejecutivo, pero entonces eligió dar un paso al costado y respaldar a otro postulante. En esta ocasión, igual hubo conflictos internos y decidió hacerse a un lado, pero no del todo. Su convicción la insta a seguir de alguna manera y decidió ir como candidata a una concejalía con el partido Nueva Generación Patriótica.

“Quiero trabajar por mi pueblo. Ya estoy curtida, no me callan. Yo les digo las cosas en la cara”, afirma.

Su intención de ir por el sillón edil fue imposible. Según datos extraoficiales, unos 15 candidatos disputarán la alcaldía, la mayoría hombres. Suenan candidaturas de partidos conocidos como Voces, liderada por el exalcalde Jorge “Chichino” Morales, y la agrupación del precandidato José Guzmán Vargas, un exintegrante del Control Social del municipio.

En su plan de gobierno, Sánchez planteaba proyectos de alcantarillado, normativa para la gestión de residuos, la conversión de La Guardia en zona turística y atraer empresas para generar empleo local. 

Si el 22 de marzo, la candidata hubiese resultado elegida alcaldesa, sería la tercera mujer en ocupar ese cargo y la primera de pollera, un detalle que en La Guardia no es menor ni decorativo, sino político.

La escritora e historiadora Maritza Soliz recuerda que en La Guardia solo hubo una alcaldesa electa, que no logró concluir su gestión y de la que hoy no se conserva ni el nombre ni el año en que gobernó. A eso se suma el caso de Jenny Fernández, alcaldesa interina en 2012, quien tampoco pudo ejercer plenamente. 

La ausencia de mujeres en las alcaldías es mayoritaria en el departamento de Santa Cruz. Según datos del Observatorio de Paridad Democrática, el poder municipal sigue teniendo nombre de varón: de los 56 municipios, solo el 13% está liderado por mujeres, mientras que el resto es gobernado por alcaldes. 

La Guardia ha sido, hasta ahora, un municipio gobernado mayoritariamente por hombres, donde la participación de mujeres en el cargo máximo ha sido excepcional. En ese escenario, la baja de la candidatura de Sánchez sigue con la tendencia histórica en el municipio.