Roxana Jiménez León

Hay un momento, antes de que el sol termine de salir, en que el agua parece quedarse quieta. En Chochís, ese instante no es poético: es político.

La comunidad amanece este martes 7 de abril como si fuera un día cualquiera, el canto de los pájaros, el polvo suspendido en el aire tibio, pero no lo es. Hoy llega el Concejo Municipal. Hoy hay inspección. Hoy, dicen, podría empezar a resolverse algo que lleva más de quince años sin resolverse del todo.

El conflicto tiene nombre, aunque podría tener muchos: agua.

Chochís no discute una idea abstracta. Discute sus nacientes. Las mismas que alimentan la vida cotidiana: beber, cocinar, sembrar. Las mismas que ahora están en disputa por una empresa que embotella agua bajo la marca ARK y la saca de un territorio donde, según la propia normativa municipal, no debería hacerlo.

La ley existe. Es la Ley Municipal 009/2019. Dice, sin rodeos, que las fuentes de agua de la comunidad están inmovilizadas para impedir su uso comercial e industrial. Lo dice con un lenguaje administrativo. La comunidad lo traduce distinto: el agua no se vende.

Pero entre lo que dice la ley y lo que ocurre en la tierra hay un desajuste. La empresa A PLUS S.R.L. operó sin licencia de funcionamiento. Lo sabían las autoridades y no hubo sanción.

Esa ausencia, la de una firma, la de una multa, la de una decisión, es la que hoy empuja a la comunidad a este punto de inflexión.

No es la primera vez. En 2008, alguien tuvo la idea de embotellar agua en Chochís. El proyecto se llamaba “Agua Linda”. No tenía licencia ambiental. La comunidad lo frenó.

En 2017, la historia volvió con otro nombre. A PLUS S.R.L., vinculada a Frederic Enrique Kelley, llegó con la intención de instalar una planta en el predio “La Selvita”. En enero de 2018, la respuesta fue otra vez colectiva: una asamblea rechazó cualquier proyecto que pusiera en riesgo las fuentes de agua. Era un momento de crisis hídrica. Los caudales ya no eran los mismos.

Entonces vinieron las leyes municipales. Entonces, parecía, el tema estaba cerrado. Pero no y la planta se instaló. El agua se embotelló y conflicto regresó.

“La Selvita” se muestra hacia afuera como un pequeño paraíso ordenado. En redes sociales, el predio habla de bioconstrucción, de huertos, de animales rescatados, de respeto por la naturaleza. Hay fotos de talleres con jóvenes, de regalos de Navidad para niños, de campañas solidarias en tiempos de incendios. Es una narrativa prolija, amable y casi impecable. Pero en Chochís, esa imagen tiene otra lectura.

Para muchos comunarios, todo eso, las plantas, los cursos, las fotos, convive con una contradicción central: el agua que se protege en discurso es la misma que se extrae para vender. Y esa tensión no se disuelve con publicaciones.

El conflicto lleva cinco meses en su fase más reciente. Cinco meses de denuncias, de alertas, de pedidos sin respuesta. Cinco meses en los que la comunidad insiste en algo que, para ellos, no admite matices. No es un debate técnico o una discusión de permisos. Es una frontera. De un lado, la idea del agua como recurso económico. Del otro, la certeza de que el agua es otra cosa: territorio, vida y continuidad.

Por eso hoy importa.

La comunidad no pide demasiado, o pide todo,: que el Gobierno Autónomo Municipal de Roboré haga cumplir la ley y sancione la explotación ilegal. Que el Concejo Municipal ejerza su rol fiscalizador sin demoras. Piden, en el fondo, que el Estado exista.